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Caso "eolo"
Siete detenidos es el balance de la Operación Eolo en Canarias que investiga una trama de corrupción en un concurso público para adjudicar un parque eólico en el archipiélago.
El titular del juzgado de Instrucción número 7 ha ordenado la detención de Jesús González Martín, ejecutivo de la Caja de Canarias, lo que eleva a siete las detenciones relacionadas con este caso que tiene que ver con una presunta trama de corrupción relacionada con un concurso eólico del Gobierno de Canarias.
Los otros seis detenidos son Celso Perdomo González, ex director general de Industria del Gobierno Autónomo, del PP; Mónica Quintana Pérez, novia del anterior; Honorato López Torres, actual Jefe de red de la dirección general de Industria del Gobierno Autónomo, gobernado por Coalición Canaria; Wilebaldo Luis Yánez, empresario canario; Enrique Guzmán López, empresario madrileño y Alfredo Briganti Arencibia, abogado y empresario canario afincado en Madrid.
De momento, se desconoce los cargos por los que se ha detenido a estas personas, implicadas presuntamente en una trama para beneficiarse de un concurso público sobre energía eólica del Gobierno de Canarias.
La trama. El empresario Alberto Andrés Santana Ramírez fue el que destapó el caso, al presentar una denuncia que implicaba directamente a Celso Perdomo y a Wilebaldo Luis Yánez. Según Santana, Celos Perdomo habría facilitado, al empresario Wilebaldo Luis Yánez, información privilegiada sobre el concurso eólico, convocado en octubre de 2004, para instalar en canarias 344 megawatios de potencia generados por energía eólica.
Esta misma investigación llevó hace unas semanas a la apertura de diligencias previas contra el presidente de la Audiencia Provincial de Las Palmas, José Antonio Martín y Martín, que fue suspendido de su cargo por supuesto trato de favor a un presunto narcotraficante. Información obtenida por casualidad en los pinchazos de sus teléfonos para la investigación del “Caso Eolo”.
La denuncia tiene fecha de 7 de marzo de 2005, está firmada por el empresario grancanario Alberto Andrés Santana Ramírez, se dirige a la Fiscalía Anticorrupción de Las Palmas de Gran Canaria y alude a supuestas actividades delictivas por parte de José Miguel Suárez Gil -presidente de la Cámara de Comercio, Industria, Navegación y Turismo de Las Palmas-, Celso Perdomo González -del Partido Popular y ex director general de Industria y Energías del Gobierno de Canaria- y Wilebaldo Luis Yanes, empresario.
Santana Ramírez comienza su denuncia relatando que en agosto de 2004 entró a trabajar en Siemenca S.L., una empresa del grupo Gesco -del que es cabeza ejecutiva el palmero Wilebaldo Luis Yanes- con la categoría de director y vicepresidente.
El denunciante refiere: «Debido a que el sistema de correo electrónico de la empresa Siemenca era un sistema abierto, es decir, con una clave misma para todos los empleados y directivos, esto me permitía acceder a los demás correos de la empresa, para verificar la gestión comercial desde la dirección. «Accidentalmente», añade el denunciante, «descubrí unos e-mails con un contenido presuntamente delictivo, como bien se podrá apreciar el la documentación aportada».
Asegura Santana que de las pruebas que adjunta a la denuncia (ver recuadro inferior) «se define claramente una comisión (económica) para los políticos del 10% ofrecida por el administrador único de una de las sociedades participantes en el concurso y propiedad de uno de los denunciados, además de anticiparles desde la desde la propia Dirección General de Industria del Gobierno de Canarias información privilegiada».
Detalla el denunciante que «con cuatro meses de antelación sobre el concurso eólico, en los correos se anticipa por parte del director general a los empresarios «el borrador de la orden 1585 de 14 de octubre por la que se convoca concurso público y se publica en el Boletín Oficial de Canarias, en esa fecha de 14 de octubre de 2004.
El empresario Alberto Santana asegura al fiscal que, además, «el director general de Industria facilita y coordina desde la propia consejería el ardid».
Lo que sigue está en negrita en la denuncia original: «los denunciados y la trama de sociedades interpuestas pretenden beneficiarse de un beneficio económico posiblemente situados en unas comisiones en torno al 25% (10% para los políticos y 15% para los organizadores), según consta en los cálculos realizados por ellos, sobre un importe total de 120 millones de euros (30 millones de euros posibles en comisiones).
El denunciante continúa asegurando que la Consejería tenía programada para el 5 de marzo pasado la adjudicación de los parques eólicos, «y ante le evidencia de la presentación de esta denuncia, esta parte entiende que ha sido retrasada dicha fecha a otra posterior, debido a que han sido descubiertos con las manos en la masa» asevera.
La Fiscalía remitió la denuncia a los juzgados. Le cayó en reparto a Instrucción 7, que en junio pasado ordenó el secreto de la investigación.
El empresario Alberto Andrés Santana Ramírez sintetiza en la parte final de su denuncia: «En resumen, el grupo Gesco, participado de diferentes formas por los denunciados a través de sus familiares y empresas interpuestas, es un grupo que presuntamente, dada su casi inexistente actividad comercial, está enfocado al fraude fiscal, a la recepción de subvenciones públicas y a la emisión de facturas a la Cámara de Comercio, Industria y Navegación de Las Palmas de Gran Canaria».
Lo que es más grave», enfatiza el denunciante, (el grupo Gesco se dedica) «a corromper a los cargos políticos y funcionarios públicos persiguiendo un único objetivo: el lucro de unos pocos mediante el fraude y la corrupción en contra de los intereses de nuestra sociedad».
Cobro por los parques. El periódico El País tituló hace un tiempo su información de la siguiente manera: «Políticos canarios debían recibir 12 millones por los parques eólicos». Según el rotativo madrileño, el ex directivo de la empresa Siemenca, denuncia una serie de operaciones denominadas «operaciones liberadas» en las que se prevé que la sociedad promotora de un parque hipotético disponga en sus balances de un dinero consignado que puede ser el 10% del coste total del proyecto. Esa décima parte iría destinada al pago de supuestos sobornos para la concesión de los concursos. El reparto de los cobros sería: un 15% de ese beneficio para Yanes y un 5% restante para los ayuntamientos por la cesión de los terrenos sobre los que se asienta el parque eólico, según el correo electrónico que obra en poder del juzgado.
El texto del correo electrónico reproducido ayer por el periódico El país da cuenta de un intercambio epistolar en la Red entre el ejecutivo de la empresa Recursos Renovables de Canarias y Wilebaldo Yanes. Fernández de Salamanca, con residencia en Madrid, le da traslado a Yanes de «los cálculos que me pediste. Te llamo un momento y te los explico». A continuación se exponen cantidades que generaría el parque una vez obtenida la concesión. Recursos Renovables se presentó a varias adjudicaciones de potencia una vez convocado el concurso en 2005. Como se recordará, este concurso quedó anulado por decisión del Gobierno, a pesar de que el Tribunal de Justicia de Canaria revocó el decreto (que no el concurso) base de la normativa. La consejera optó por no recurrir la decisión del TSJC paralizando, así, inversiones millonarias previstas por los empresarios.
A continuación, un detallado relato cronológico del caso publicado por Canarias 7 y de aspectos que hasta la fecha no había sido revelados a la opinión pública.
1. El 28 de octubre de 2004, el Boletín Oficial de Canarias recoge la orden del 14 de octubre de ese mismo año por la que la Consejería de Industria, Comercio y Nuevas Tecnologías del Gobierno de Canarias convoca «concurso público para la asignación de potencia en la modalidad de instalación de nuevos parques eólicos destinados a verter toda la energía en los sistemas eléctricos insulares». La Consejería está dirigida por Luis Soria, miembro del Partido Popular y hermano del presidente regional de esta formación, José Manuel Soria. El expediente del concurso fue tramitado, como recoge la orden, por la Dirección General de Industria, con Celso Perdomo, también del PP, al frente.
2. El concurso despertó gran interés en el empresariado canario, ayuntamientos y cabildos. La rentabilidad estaba asegurada, según los estudios técnicos, a los dos años de realizada la inversión.
3. En marzo de 2005, Alberto Andrés Santana Ramírez presenta ante la Policía Nacional una denuncia por «presunta corrupción y asociación mafiosa». En su escrito, señala a José Miguel Suárez Gil, presidente de la Cámara de Comercio de Las Palmas, Celso Perdomo, director general de Industria, y Wilebaldo Luis Yanes, empresario, como artífices de una «operación maquinada para el reparto de las comisiones, a políticos y colaboradores, desde la oficina del director general de Industria y Energías, dependiente del consejero de Industria del Gobierno de Canarias, don Luis Soria». El denunciante señala al grupo empresarial Gesco como receptor de ese presunto trato de favor, al tiempo que le atribuye como objetivo el siguiente: «Corromper a los cargos políticos y funcionarios públicos persiguiendo un único objetivo, el lucro personal de unos pocos mediante el fraude y la corrupción en contra de los intereses de nuestra sociedad». Alberto Santana fue, hasta poco antes de presentar la denuncia, director comercial de Siemenca, empresa de Wilebaldo Luis Yanes y que Santana sitúa como parte de ese entramado empresarial llamado Gesco.
4. Alberto Santana aporta como pruebas correos electrónicos supuestamente enviados por Celso Perdomo a Yanes y otros empresarios con indicaciones sobre los detalles del concurso previos a su convocatoria, borradores de las bases y listado de personas con las que contactar para acudir al concurso en condiciones favorables. El denunciante refiere: «Debido a que el sistema de correo electrónico de la empresa Siemenca era un sistema abierto, es decir, con una clave misma para todos los empleados y directivos, esto me permitía acceder a los demás correos de la empresa, para verificar la gestión comercial desde la dirección. «Accidentalmente», añade el denunciante, «descubrí unos e-mails con un contenido presuntamente delictivo, como bien se podrá apreciar el la documentación aportada».
5. En mayo de 2005, el pacto de gobierno regional entre Coalición Canaria y el Partido Popular se rompe. Luis Soria y Celso Perdomo dejan la Consejería. Marisa Tejedor (Coalición Canaria) sustituye a Luis Soria. A instancias del Partido Socialista, Tejedor inicia una investigación administrativa sobre el concurso y en noviembre remite al Parlamento sus conclusiones. Según la Consejería, desde el punto de vista administrativo no se detectó irregularidad alguna.
6. La denuncia, en manos de la Policía, llega al fiscal Anticorrupción, Luis del Ríos, y al Juzgado de Instrucción número 7, con Miguel Ángel Parramón al frente. Comienza así una investigación policial bajo supervisión judicial que incluye el pinchazo de varios teléfonos de algunos de los denunciados y de otras personas supuestamente vinculadas a la trama.
7. En el transcurso de esa investigación, la Policía capta conversaciones de Wilebaldo Luis Yanes en relación con una presunta mediación en favor de un supuesto narcotraficante que ha de ser juzgado por la Sección Primera de la Audiencia Provincial de la que forma parte José Antonio Martín, presidente de la citada Audiencia. Según publicó el pasado mes de enero el periódico El País, un hijo de José Antonio Martín es socio de Wilebaldo Luis Yanes en empresas que, a su vez, aparecen en el listado de las sociedades que a última hora entran en el censo para las elecciones de la Cámara de Comercio y que en ese proceso electoral podrían inclinarla balanza a favor del hoy presidente, José Miguel Suárez Gil.
8. Dado el aforamiento de que goza José Antonio Martín y Martín por su condición de presidente de la Audiencia Provincial, el juez Parramón remite al Tribunal Superior de Justicia de Canarias notificación de las investigaciones relacionadas con el presidente de la Audiencia. El Consejo General del Poder Judicial abre una investigación y Martín y Martín es apartado de sus funciones.
9. ¿Qué averigua la Policía en relación con la trama eólica en las escuchas y las investigaciones efectuadas? En esas conversaciones, la Policía detecta que, efectivamente, desde la Dirección General de Industria se ha ofrecido supuesta información privilegiada sobre los detalles del concurso. Asimismo, uno de los investigados y que ayer fue detenido, Enrique Guzmán -representante de una Generaciones Especiales I, SL, empresa que concurrió con doce proyectos- comenta por teléfono que ya se ha efectuado un pago en una cuenta bancaria en Luxemburgo a nombre de Mónica Quintana, funcionaria del Cabildo y pareja sentimental de Celso Perdomo. Generaciones Especiales I es una sociedad limitada participada por Hidrocantábrico, una de las grandes compañías nacionales del negocio energético. Luxemburgo goza de opacidad bancaria. La Policía entiende que se debe averiguar el motivo de ese ingreso bancario.
10. Alfredo Briganti aparece en la investigación policial como otra persona que supuestamente recibe información previa sobre los aspectos del concurso.
11. En las conversaciones grabadas por la Policía se habla también de que Celso Perdomo y otras personas de su confianza influirán en los técnicos que evaluarán los proyectos para asegurar una buena puntuación a algunos de los concurrentes. Es en ese aspecto donde aparece el nombre de Honorato López, que supuestamente estaba al tanto de todos los aspectos relativos al concurso.
12. A mitad de enero, la Policía entiende que la investigación ha llegado al extremo en que procede pedir a la autoridad judicial la emisión de órdenes de detención y de registros domiciliarios.
Conclusión. Desde Izquierda Republicana esperamos que se cree la comisión de investigación por este caso de corrupción y el TSJC tenga el valor de inculpar a todos los responsables sin importar el cargo que ocupen. Parece sospechoso que personas tan importantes como Luis Soria, hermano de José Manuel Soria tuviesen cargos importantes relacionados con la trama, aunque posteriormente fuera sustituido por Marisa Tejedor que es miembro de Coalición Canaria, partido que también estaba implicado en el caso de corrupción. ¿Tan raro es pensar que todos estos acuerdos para la adjudicación del parque eólico estaba planeada desde antes de sacarla a concurso público? ¿De verdad tenemos que creernos que personas del nivel medio del Partido Popular y Coalición Canaria tienen libertad de movimientos para prepararlo todo?
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